PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN CASO DE CONFLICTOS ARMADOS
Efectos del Plan Colombia en el deterioro medioambiental[1]

 

_________________________________________________________________________________________________________ María Lorena Suárez Ostos

 

 

I.          PRESENTACIÓN

El concepto de seguridad internacional ha experimentado una ampliación que obliga a considerar ámbitos no solamente militares. Dicha ampliación, concebida por las Naciones Unidas, se ha logrado a través de consideraciones relacionadas con la importancia de los factores políticos, sociales y ambientales como factores de riesgo[2].

Los conflictos armados además de afectar la seguridad mundial, constituyen uno de los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente, independientemente de que lo que se pretenda sea el deterioro al medio ambiente del enemigo. En este contexto, la contaminación y los daños a los recursos biológicos son inevitables, incidiendo de forma directa sobre la atmósfera, la biodiversidad, el agua y el suelo, además de las poblaciones.

 La proliferación de los conflictos armados ha obligado a analizar no sólo efectos que los mismos generan respecto a la población y al medio ambiente sino a la posible consideración de los deterioros ambientales como causas de los mismos[3]. Como puede evidenciarse, la degradación del medio ambiente representa actualmente un problema que afecta la seguridad interna de los Estado además de ser en un factor de riesgo para los intereses de la comunidad internacional en general, aparejando una serie de tensiones que surgen de la apropiación de recursos escasos, desplazamientos de personas y el monopolio de recursos, afectando el desarrollo sostenible.

En respuesta a dicha circunstancia el Derecho internacional ha establecido una serie de principios y convenios, fundamentados en la proporcionalidad y la discriminación, que pretenden restringir los abusos que sobre el medio ambiente se producen en situación de conflicto armado.

Ahora bien, aun cuando el postulado anterior resulta ser una consecuencia inevitable y hasta cierto punto lógica de una acción, que si  bien pudiera estar destinada a afectar la paz o seguridad de un país, resulta inseparable de su deterioro físico, afectando el medio ambiente, existen otros casos en los cuales los objetivos perseguidos son de carácter constructivo y de protección y sin embargo generan igualmente consecuencias negativas lesivas al ambiente, tal es el caso del deterioro del ambiente como consecuencia de la aplicación del Plan Colombia.

El estudio de los efectos del Plan Colombia sobre el medio ambiente reviste gran importancia, su desarrollo resulta ser una conjunción de las vertientes clásica y  moderna del trato de los conflictos armados en el derecho del medio ambiente[4].

El mencionado plan nace como una de las estrategias gubernamentales de control en tiempo de conflicto armado interno, convirtiéndose en un plan diseñado para la erradicación de los cultivos ilícitos, implicando la eliminación de dichos cultivos a través de la fumigación y ocasionando problemas no sólo dentro de Colombia sino también en los países vecinos. La ejecución de esta plan esta causando inconvenientes graves que pueden constituir las causas de un conflicto andino a gran escala de donde se desprende nuestro  interés en el estudio de dicha problemática, cuyos efectos directos en el deterioro del medio ambiente y en los derechos humanos detallaremos una vez hagamos un breve recorrido sobre los aspectos protegidos por el Derecho internacional.

 

II.         ASPECTOS NORMATIVOS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE

            La destrucción del medio ambiente constituye una violación al Derecho internacional[5]. Sin embargo, a pesar de la importancia del tema, los desarrollos normativos que se han dado al respecto no abarcan la ampliación del concepto de seguridad antes mencionado. Por esta razón,  se considera pertinente elaborar una revisión de las normas generales del Derecho internacional del medio ambiente y de las normas presentes en el Derecho internacional humanitario que regulan el deterioro ambiental.

            Antes de comenzar con el análisis de la normativa aplicable a  este caso en concreto, es importante aclarar que el Derecho Internacional del Medio Ambiente, no es un derecho autónomo sino parte del Derecho Internacional, por lo que le resultan aplicable todas las normas generales y principios del derecho en mención, a modo complementario, pues el Derecho Internacional del Medio Ambiente posee normas muy generales que en la mayoría de los casos no proporcionan soluciones viables, debido a que dicho conjunto normativo no posee una codificación general de aplicación ni una jerarquización de normas para su aplicación.

En relación al análisis jurídico en el ámbito del Derecho de los conflictos armados, nuestro objeto se limitará a las normas que  pueden aplicarse en orden de contrarrestar el desarrollo abusivo del Plan Colombia que degrada el medio ambiente colombiano y el de sus vecinos. Dicha concreción es producto de la delimitación del objetivo principal de esta investigación fundamentado en el estudio del Plan Colombia y sus efectos en el medio ambiente y no sobre el conflicto colombiano.

 

A.         Principios consuetudinarios

            A modo general, la primera normativa aplicable está representada por las normas generales que contiene el Derecho Internacional Humanitario, debido a su carácter consuetudinario, en relación con la obligación de los Estados de velar por el respeto de los bienes naturales suyos y de sus vecinos. Dentro los principios consuetudinarios del Derecho internacional humanitario se tienen:

·         Los principios de Discriminación y Proporcionalidad en virtud de los cuales los Estados se comprometen a no hacer uso ilimitado de los medios y métodos de combate, por lo que están en el deber de evitar los daños a la población civil y de procurar que los daños no excedan de las ventajas que devengan de una acción militar[6]

 

 

 

B.      Principios generales aplicables

      Es necesario comenzar afirmando que en época de conflicto armado resultan aplicables los principios fundamentales del derecho ambiental referidos a:

·         El deber general que tienen los Estados de proteger el medio ambiente en sus relaciones con otros Estados, en espacios de sus competencias y en aquellos no sometidos a ninguna competencia

·         El desarrollo sostenible, para lograr proteger las generaciones futuras haciendo un uso racional de los recursos naturales[7]

·         La prevención del daño ambiental transfronterizo, puesto que con el uso de armas de destrucción masiva se corre un alto riesgo de causar daños al medio ambiente más allá de la fronteras de los Estados involucrados en el conflicto armado

·         La evaluación del impacto ambiental, pues es deber de los Estados evaluar los riesgos ecológicos derivados de sus acciones

·         La obligación de protección de ecosistemas y especies vivas en tiempo de conflictos armados[8]

 

  1. Convenio sobre Diversidad Biológica[9]

Esta convención está constituida por normas ambientales específicas de aplicación que fueron redactadas con el fin de detener la reducción de la diversidad biológica[10], debido a que la misma proporciona fuente de recursos vivos indispensables para la preservación de la biosfera.

En este instrumento se resalta la preservación de la biodiversidad como interés común de toda la humanidad, aunque reconoce el derecho soberano de los Estados sobre sus propios recursos biológicos, otorgando responsabilidad de la conservación y utilización sostenible al Estado para que el mismo preserve la biodiversidad de las actividades humanas, previniendo y atacando las causas de reducción o pérdida de la biodiversidad.

El principio fundamental del art. 3 de este instrumento se refiere al derecho soberano de los Estados sobre sus propios recursos en aplicación de sus políticas ambientales  y la obligación de asegurar que las actividades  que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción, o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

Respecto al ámbito jurisdiccional, el Convenio se aplica con sujeción a los derechos de otros Estados y a menos que no se diga nada en el mismo, en caso de los componentes de la diversidad biológica en las zonas situadas dentro de los límites y de su jurisdicción nacional y en caso de procesos y actividades realizadas bajo su jurisdicción o control, y con independencia de donde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicción nacional.

Dentro de las obligaciones estatales inherentes a la firma del Tratado están la identificación y el seguimiento de los componentes de la diversidad biológica, la conservación in situ y ex situ.

Otra de las obligaciones plasmadas es la  evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso[11]. Para cumplir este deber, las Partes contratantes deberán establecer procedimientos para la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos, tomar en cuenta las consecuencias ambientales que impliquen la ejecución de sus programas, promover la notificación e intercambio de información y consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción, notificar si se origina algún peligro inminente bajo su jurisdicción o bajo la jurisdicción de otro como consecuencia de sus políticas y promover arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades.

 

III.         El PROBLEMA AMBIENTAL DEL PLAN COLOMBIA

Por algo más de 40 años la sociedad colombiana se ha visto inmersa en un conflicto interno que enfrenta guerrillas armadas y gobierno[12]. Colombia atraviesa un conflicto armado que desestabiliza las estructuras estatales y afecta el hábitat natural.

Esta incertidumbre ha llevado al gobierno a diseñar una serie de estrategias en orden de solucionar este inconveniente, en esta oportunidad, con la creación de una alianza con los Estados Unidos de América para la erradicación de los cultivos ilícitos  y la búsqueda de la paz, conocida como el Plan Colombia[13].

La sexta  estrategia, de las diez que propone el Plan, se fundamenta en un desarrollo alternativo que fomentará los esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias. Este desarrollo también contempla lo relacionado con la protección del medio ambiente con el fin de la conservación de las áreas selváticas y poner fin a la expansión de los cultivos ilícitos sobre la cuenca Amazónica y sobre los vastos parques naturales que poseen biodiversidad inmensa y de importancia ambiental vital para toda la comunidad internacional. En este marco, se incluyen proyectos productivos sostenibles integrales y participativos dedicados a la atención de regiones que combinan altos niveles de presencia del Estado, capital frágil y degradación grave del medio ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y el sur occidente de Colombia.

Colombia se ha comprometido a buscarle solución definitiva al fenómeno del narcotráfico, al conflicto armado, a las violaciones de derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente ocasionada por los cultivos ilícitos con el desarrollo del Plan. Sin embargo, esta política colombiana ha generado un sin fin de opiniones y tensiones en el cono sur, ya que la implementación del plan ha producido resistencia e indignación del pueblo colombiano y de los países vecinos, pues si bien es cierto que cuando se está en medio de un conflicto armado es casi imposible proteger el Medio Ambiente. En este caso la solución institucional, propuesta para poner fin al conflicto, es mucho más perjudicial para la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, el agua y los individuos que el conflicto propiamente dicho.

Para analizar los efectos que sobre el medio ambiente produce la ejecución del Plan Colombia, se debe hacer referencia a los aspectos relacionados con él, en concreto con el problema ambiental que se genera. En este sentido, el plan tiene la función principal de eliminar los cultivos ilícitos existentes en el país que dañan el suelo, destruyen la biodiversidad y mantienen a los grupos insurgentes. Estos cultivos ilícitos han venido destruyendo el suelo desde hace algún tiempo, sin olvidar las prácticas inadecuadas en la erradicación de los mismos[14].  Ambas situaciones tienen a Colombia (segundo país más rico en biodiversidad) al borde del colapso ambiental.

Los cultivos ilícitos propiamente dichos han incidido sobre los bosques y los páramos de Colombia y sus incidencias han sido la destrucción de la biodiversidad biológica, el deterioro de los suelos, la  escasez de agua, las  inundaciones y los derrumbes. En general, se puede afirmar que la fumigación de los cultivos de coca y amapola constituyen la causa fundamental del deterioro del medio ambiente colombiano.

Se comenzó la fumigación aérea con glifosato, uno de los herbicidas químicos más importantes introducidos en América Latina. Este producto mejor conocido como Roundup, está clasificado como de categoría tóxica III: provoca problemas gastrointestinales, vómitos, ensanchamiento de pulmones, neumonía, obnubilación, destrucción de los glóbulos rojos del tejido de la membrana mucosa[15]. El problema se agrava aun más por el método utilizado; la fumigación aérea, la cual representa un método impreciso por el cual se corre el riesgo de que el viento esparza el químico afectando de esta manera a más seres humanos, plantas, y fauna.

La fumigación de los cultivos es bastante polémica, Colombia es el único país del mundo en el que se realiza dicha acción, que es, según las autoridades de los Estados Unidos, la única opción viable para controlar la producción de coca y amapola. La mayoría de los cultivos se encuentran en tierras vírgenes generando procesos erosivos, agotamiento de fuentes de agua superficial, poniendo en peligro la supervivencia de la  biodiversidad. Aunado a lo anterior, el problema se agrava con el uso de insumos químicos de manera indiscriminada para el mejoramiento de las cosechas y la reducción de plagas. En este sentido además de afectar los bosques, selvas y páramos, los cultivos ilícitos generan procesos de violencia, corrupción y deterioro social que enriquece cúpulas políticas y deprimen al pueblo.

Sin duda los cultivos ilícitos amenazan de manera grave el futuro del país, pues  los mismos se hallan localizados en ecosistemas de vital importancia para Colombia como Macizo Colombiano (donde nacen el Magdalena, Cauca y Caquetá), la Sierra de Perijá y la Sierra de Santa Marta, los cuales están en peligro latente si no se toma conciencia del daño que se está generando con las fumigaciones indiscriminadas.

En relación a la fauna, el Instituto Alexander Humbolt, que es el encargado de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, afirma que  existen 151 especies de mamíferos (32%) en grado de extinción, de los cuales 7 en estado crítico, 4 en peligro y 38 en estado vulnerable. Si se considera que el turismo especializado en observación de especies sea una de las vías de desarrollo del país, sin duda toda esta estrategia perjudica la expansión de la economía colombiana.

Como ha podido deducirse de las anteriores afirmaciones, el escalamiento del conflicto social y armado de Colombia, consecuencia inmediata de la ejecución del Plan Colombia, ha propiciado la insurgencia, teniendo efectos directos en el deterioro del medio ambiente y en los derechos humanos, representando una prueba más de la ampliación del concepto de Seguridad Internacional

Dicho efectos  se han resumido en:

a) A consecuencia de la fumigación indiscriminada, se ha generado un traslado de los cultivos ilícitos que producen la materia prima de la coca, generando la afectación de más suelos, la mayoría pertenecientes a bosques naturales. Además de la contaminación de las aguas, lo cual ha impactado en los cultivos legales como las cosechas de alimentos de primera necesidad, con lo que se modificará la localización de los cultivos ilícitos de grandes extensiones a pequeños conucos, creando dificultad para su erradicación a razón de su dispersión.

b) Se han llevado a cabo procesos de desplazamientos forzosos de personas por toda Colombia, desestabilizando de esta manera el equilibrio demográfico de las zonas. Lo cual ha  impedido el desarrollo de los proyectos de desarrollo alternativo establecidos por el gobierno.

 c) Ha producido un desequilibrio en las economías legales de las zonas donde se han trasladado los cultivos ilícitos. Es característica primordial hoy día la economía narcodependiente de las zonas donde se asientan los cultivos ilícitos, por la poca ayuda gubernamental. En este contexto, se ha aumentado el índice de desempleo por el desplazamiento de la economía informal.

d) La afección de las fumigaciones indiscriminadas en las escuelas, viviendas, fuentes de agua y alimentos.

e) Se ha profundizado la diferencia social de la población, debido a la ineficiencia del Estado para reconocer, proteger y fortalecer a la población civil involucrada en la economía ilegal, lo que sin duda ha fortalecido la guerrilla en el sur de Colombia.

Como ha podido comprobarse, la concepción del plan para vencer la tragedia del narcotráfico es inadecuada, el fin es necesario pero el método no es el adecuado. Por tanto, se hace necesario un análisis minucioso de las estrategias y de la situación colombiana en orden de frenar la proliferación de los cultivos ilícitos.

 

IV.        PRINCIPIOS VULNERADOS CON LA APLICACION DEL PLAN COLOMBIA

La protección del medio ambiente es parte fundamental en el  ordenamiento jurídico internacional, dicha afirmación encuentra sus bases en la obligación impuesta a todos los sujetos internacionales de preservar el medio ambiente. La observancia de los principios implica limitaciones en la actuación de los  mismos de los Estados. En este sentido, se observará cuáles de los principios mencionados en la primera parte  son vulnerados  en la ejecución de la política antinarcóticos colombiana.

En primer lugar, no se observa el principio fundamental y el más general de todos, el deber del Estado de proteger el medio ambiente. Principio consuetudinario, que trae consigo el desarrollo de una actuación fundamentada en la diligencia para procurar no causar daños al medio ambiente, al cual se hace caso omiso en la ejecución del Plan Colombia.

      En segundo lugar, no se respeta el principio jurídico tradicional según el cual los Estados deben actuar de manera que no se realicen daños medioambientales a terceros Estados, sea por ellos o por personas sujetas a su responsabilidad. Las fumigaciones llevadas a cabo en el Departamento Colombiano de Nariño, fronterizo con la provincia ecuatoriana de Carchi, generaron efectos trágicos para la población de este país, de igual manera han fallecido campesinos a razón de fuertes intoxicaciones. Además de que seis horas después de la fumigación cultivos como los de yuca quedan totalmente quemados. En este orden y aun cuando están prohibidos los daños transfronterizos[16] y el principio impone la obligación de actuar con diligencia y sentido común para salvaguarda suya y de sus vecinos, el gobierno colombiano continúa con la ejecución del plan.

      En tercer lugar, no se respeta el derecho al medio ambiente sano, pues las sustancias utilizadas para la erradicación no sólo dañan el suelo y producen intoxicaciones sino que además generan desplazamientos masivos de campesinos a zonas fronterizas que generan a su paso deterioro ambiental haciendo imposible la habitabilidad de las regiones fumigadas.

      En cuarto lugar, no se cumple con las obligaciones estatales de evolución del impacto medioambiental. Este principio ha sido incorporado por el Derecho Internacional como principio general, haciendo referencia a las obligaciones de los Estados dirigidas a la prevención de daños medioambientales para de esta manera poder conservar los recursos naturales en la búsqueda del desarrollo sostenible.

      Por último, se vulneran los principios de equidad intergeneracional, obviando el derecho de las generaciones futuras a recibir un ambiente acto para la vida, y  el principio de aplicación de medidas preventivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         CONSIDERACIONES FINALES

q       El medio ambiente constituye una unidad a nivel planetario. Todos sus componentes: agua, aire, tierra y seres vivos están estrechamente relacionados proporcionando de este modo un equilibrio necesario para el mantenimiento y desarrollo de la vida humana. Por lo anterior, no se puede permitir que ningún componente extraño perjudique el equilibrio ecológico y cause daños inevitables en el desarrollo de la vida como habitantes de este planeta.

q       Aun cuando es el Estado el ente sobre el cual recae la responsabilidad de conservación del ambiente y la responsabilidad de ser  el garante del mantenimiento del equilibrio, su función  no se  cumple a cabalidad. Es importante resaltar que la mayoría de las alteraciones y degradaciones del medio ambiente se han dado, aun cuando parezca extraño, a razón de aplicación de políticas estatales que no han sido suficientemente cuidadosas respecto a las consecuencias inmediatas que se dan sobre la Biosfera. En el caso estudiado, el impacto ambiental es la consecuencia no de los agentes armados sino de una acción gubernamental.

q       Las prohibiciones impuestas por los Convenios que hemos aplicado al Plan Colombia al igual que en la mayoría de las normas de Derecho Internacional del medio ambiente, son demasiado genéricos por eso es que su cumplimiento se hace tan difícil.

q       Es indispensable el desarrollo normativo e institucional referente a conflictos  que no posean las características o requisitos exigidos por los Protocolos de Ginebra de 1977, para poder tener más claro la aplicabilidad de las Convenciones Medio Ambientales  y evitar de este modo muchos daños ecológicos y pérdidas humanas.

q       Concretando sobre las soluciones al problema colombiano, se considera que  no es coherente un programa de lucha contra los llamados cultivos ilícitos sin una política de reforma agraria integral. La cual implicaría la firma de acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses generales y se promueva el desarrollo mundial. Entretanto, como parece que no se va a detener la ejecución del  plan se debería aumentar las operaciones de seguridad durante las fumigaciones y erradicaciones, además de apoyar más fuertemente las estrategias del Programa de la Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en las pruebas y desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, para poder de esta manera encontrar nuevas y menos dañinas tecnologías de erradicación.



[1] Artículo preparado por María Lorena Suárez Ostos. Abogado. Master en Estudios Internacionales. Diploma de Estudios Avanzados en Estudios Internacionales y Relaciones Internacionales en la Universitat Pompeu Fabra.

[2] En este sentido, es de resaltar que el Consejo de Seguridad reconoció en su Declaración de 1992 que existen causas no militares de inestabilidad, citando las ecológicas entre ellas, que se han convertido en una amenaza

para la paz y la seguridad internacional. Vid, Herrero De La Fuente, A. Medio Ambiente y Seguridad: algunas reflexiones a raíz de la segunda cumbre de la tierra, en: Anuario de Derecho Internacional, Vol. XIII, 1997.p 578.

 

[3] La falta de agua y la degradación de los suelos fértiles constituyen en el momento actual la principal fuente de inestabilidad en muchos lugares del planeta. Al respecto puede consultarse, Herrero De La Fuente, A. La protección internacional del derecho a un medio ambiente sano, en: Blanc Altemir, A.  La protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la Declaración  Universal, Tecnos, Madrid, 2001. p 90.

[4] La degradación del medio ambiente no es sólo una de las consecuencias de los conflictos armados, hoy en día los problemas ambientales pueden constituir también causas de hostilidades. Al respecto Ibidem p.90.

[5] Así lo ha expresado la Res. 47/37  de la Asamblea General  de las Naciones Unidas de noviembre de 1992 sobre la protección del medio ambiente en tiempo de guerra donde se afirma que “ la destrucción del medio ambiente, no justificada por la necesidad militar y llevada a cabo sin freno, es claramente contraria al derecho internacional en vigor”.

[6] “Los Estados  han de tener en cuenta las cuestiones relativas al medio ambiente para evaluar lo que es necesario y proporcional cuando tratan de alcanzar objetivos militares legítimos. El respeto del medio ambiente es uno de los elementos que se han de sopesar para saber si una acción es conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. Vid. C.I.J Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996 sobre la Licitud de la amenaza del empleo de armas nucleares, par. 30

[7] Al respecto: Principios 3,4,6,7,8,9 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 14 de junio de 1992.

[8] Sobre este tema puede leerse el Principio 5 de la Carta Mundial de la Naturaleza y el Principio 24 de la Declaración de Río de 1992.

[9] Convenio hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

[10] El art.2 del Convenio define diversidad biológica como “la variabilidad de los organismos vivos  de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie entre las especies y de los ecosistemas”.

[11] Obligaciones contempladas en el art. 14 de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

[12] Para una análisis complementario de este tema Vid.: Suarez O., M. Colombia: la guerra y la paz dentro de una dinastía de violencia, Asociación para la Naciones Unidas en España, junio 2002.

[13] Plan que consiste en una estrategia integral de la administración Pastrana para el fortalecimiento institucional del Estado,  fundamentada en  una idea pacificadora que quiere  poner fin a un conflicto interno con la guerrilla y luchar contra el enemigo común: el narcotráfico, que financia a la guerrilla, a las autodefensas y a la delincuencia común.

[14] La fumigación aérea con glifosato realizada la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de eliminar los narcocultivos, generó una acción devastadora en el ambiente. Según declaraciones dadas a la prensa internacional el Ministro del Ambiente colombiano en 1995, Juan Mayr, el uso del glifosato implicó la desaparición de 10 de los 35 ríos que bajan del macizo y que surtían  de agua a los departamentos del Magdalena y la Guajira.

 

[15] Vid. Lucas, K. El impacto ambiental del Plan Colombia, www.eurosur.org/rebelion/ecologia.

[16] El fundamento de la prohibición se encuentra en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo, la cual es considerada con norma de derecho consuetudinario.